Preguntas sobre el racismo

Por: Cecilia Orozco Tascón
Habla el profesor de la Universidad de los Andes que dirigió el trabajo del grupo de estudiantes que pretendía demostrar la conducta discriminatoria de los bares de la Zona Rosa de Bogotá. Los propietarios de los sitios sancionados por la Corte Suprema se defienden y niegan ser racistas.

El profesor César Rodríguez y sus alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes nunca se imaginaron que el trabajo de campo que les asignó el primero a los segundos en clase de sociología jurídica iba a convertirse en noticia meses después, comprometería el esfuerzo académico de tres entidades e incluso involucraría a la Corte Suprema, que terminó sancionando a varios bares de Bogotá.

Los alumnos de Rodríguez Garavito, PhD y máster en Sociología, Derecho y Filosofía de varios centros universitarios norteamericanos, entre otros la prestigiosa New York University (NYU), recibieron la instrucción de realizar una investigación sobre discriminación racial en Colombia.

Ellos, amantes de la rumba como todo el que está en sus 20 años, supieron de inmediato que un buen sitio para empezar era la Zona Rosa de Bogotá, donde ya habían percibido que se cometían arbitrariedades con algunas de las personas que deseaban ingresar a las discotecas. Buscaron entonces colaboradores afrodescendientes que quisieran participar en el que ya se iba transformando en un sencillo pero valioso experimento. No tuvieron que esperar mucho. Pronto encontraron profesionales de diferentes especialidades y dos nacionalidades (colombiana y estadounidense) dispuestos a llegar hasta la puerta de los bares con un grupo combinado de gente de raza negra, blanca y mestiza.

El resultado fue casi obvio: los negros fueron rechazados y los blancos y mestizos admitidos. La historia tuvo una conclusión que ya se conoce. Los demandados, propietarios de Gnoveva, Gavanna y Siroco, no pudieron demostrar que sus disculpas eran ciertas. En consecuencia, tres magistrados de la Sala Penal de la Corte les ordenaron presentar disculpas públicas. La indignación social por el caso llegó hasta los espacios de opinión de varios medios, el más notable de ellos la columna de Daniel Samper Pizano, desde donde el periodista propuso boicotear los establecimientos tachados de discriminadores.

Los profesionales que obtuvieron la protección de sus derechos contaron la humillante experiencia que sufrieron. Pero no lo habían hecho, desde su punto de vista, los otros protagonistas del caso: el profesor Rodríguez y dos de los dueños de los bares sancionados.